Más
que “hacer trizas” o deshacer el Acuerdo, el problema con Duque será la desidia
para reglamentarlo y para hacerlo realidad.
Un tema decisivo
El futuro del Acuerdo de La Habana fue una de las
principales interrogantes en el debate electoral de 2018.
Pero el protagonismo de la paz en la agenda electoral
no es nuevo; el conflicto armado ha sido un factor decisivo en el voto de los
colombianos, principalmente entre los sectores de opinión.
La coyuntura asociada con el conflicto y las posturas de
los candidatos más representativos han sido claves para definir las últimas contiendas
electorales. Una vez más, tanto en primera como en segunda vuelta, el apoyo o
rechazo a los candidatos por parte de los distintos sectores de la sociedad
civil estuvo fuertemente influenciado por el futuro de la salida negociada del
conflicto armado y especialmente por el desarrollo o “implementación” de los acuerdos entre el gobierno
Santos y las FARC.
Aunque la elección de Iván Duque no legitima el desmonte
del Acuerdo, todo indica que su desarrollo
constitucional, legislativo y administrativo sufrirá cambios de importancia.
Esto sin importar que muchos de los que se sumaron al presidente electo en segunda
vuelta hayan sido defensores del Acuerdo.
Las alianzas y la paz
Ahora bien, la posición del presidente electo frente al tema no puede colegirse apenas de las tesis del Centro Democrático y, en general, del uribismo, sino que deben revisarse otros aspectos significativos, como:
- La aceptación del apoyo de sectores que no lo habían acompañado el
27 de mayo, y
- El discurso de campaña del entonces candidato, así como sus propuestas de gobierno.
En primer lugar, la adhesión de varios sectores a la
campaña, incluso sin alianzas formales de partido o sin acuerdos programáticos
oficiales, no se puede pasar por alto a la hora de pronosticar el futuro del
Acuerdo. Estos apoyos produjeron una campaña ya no exclusiva de un partido y de
sus aliados ideológicos iniciales, pues movilizaron a muchos más partidos,
líderes y organizaciones de otras toldas que fueron claves para que el uribismo
lograra lo que no pudo hacer solo en la segunda vuelta de 2014.
Además del apoyo decisivo para consolidar la elección
de Duque, los partidos y políticos que se sumaron al candidato ganador
representan un número considerable de legisladores que le permitiría al nuevo
mandatario tener mayoría en ambas cámaras del Congreso.
El hecho de tener un buen margen de gobernabilidad –que
pasa por tener un apoyo claro y mayoritario en el Congreso– es un factor clave para
definir qué tan profundos serán los cambios que puede hacer el próximo gobierno
al Acuerdo de paz, más aun cuando algunos de los nuevos apoyos recibidos en
segunda vuelta hacen parte de los sectores que han defendido el Acuerdo tanto
en su fase de negociación como en la fase de desarrollo normativo.
Hay que tener en cuenta que el Centro Democrático y
los sectores afines a él obtuvieron el 39,14 por ciento de los votos en primera
vuelta, lo cual pone en evidencia una postura crítica frente al Acuerdo por parte de un gran
número de colombianos. Esto fue claro tanto en la campaña por el No en el plebiscito
de 2016 como en la oposición que el Centro Democrático ha hecho en el Congreso durante
el proceso de desarrollo normativo del Acuerdo.
¿Qué está en juego?
Durante su campaña Iván Duque asumió una postura que dista de los sectores más radicales que han propuesto “hacer trizas” el Acuerdo de paz.
Si bien en los debates, entrevistas y discursos ha
sido consistente en la crítica a varios puntos negociados en La Habana, su
campaña nunca tuvo como bandera el desconocimiento o desmonte total del Acuerdo.
Al contrario, en más de una ocasión tuvo que corregir o moderar el discurso de
miembros representativos de su colectividad y aclarar
expresamente que “no se trata de destruir o hacer trizas los acuerdos, pero sí
se trata de hacerles modificaciones importantes”.
El recién elegido presidente ha manifestado
desacuerdos importantes, especialmente con respecto a dos puntos que ya fueron
regulados por el Congreso:
- La participación en política de las FARC, y
- Aspectos asociados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como su competencia para definir los delitos conexos con los políticos, y las consecuencias de la determinación de responsabilidad en este modelo de justicia.
En ese sentido, rechaza que los congresistas de la
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) puedan ejercer sus funciones
sin haber pasado por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Es decir, sin que hayan contado la verdad, sin que hayan reparado a las
víctimas y sin que hayan sido procesados judicialmente.
Por otra parte, Iván Duque ha criticado duramente la
posibilidad de que el narcotráfico y delitos relacionados –como el lavado de
activos– puedan ser amnistiables por ser considerados como conductas conexas con
los delitos
políticos.
Estas dos son las únicas posturas que tienen sustento
expreso dentro de sus 203 propuestas
de gobierno donde, por cierto, no se refiere directamente al Acuerdo de paz
en ningún acápite.
En efecto, la propuesta 3 indica que se prohibirá “en
la Constitución la existencia del narcotráfico como delito político conexo”, lo
cual jurídicamente implicaría que “el narcotráfico no podrá ser un delito
amnistiable en Colombia”. Y en la propuesta 18 establece que se tendrá “la
férrea voluntad de actuar de manera decidida contra la impunidad, asegurando
que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad no puedan aspirar a
cargos de elección popular, luego de un proceso de desmovilización, desarme y
reinserción, sin haber cumplido una pena efectiva y proporcional”.
Por lo demás, en sus propuestas de gobierno solo se
proponen dos variaciones adicionales, y no tan expresas, a puntos que fueron
acordados en La Habana, pero que aún están pendientes de desarrollo normativo:
- La propuesta 129 consiste en ofrecer “incentivos tributarios por 10
años para inversiones productivas que generen empleos permanentes y de
calidad”, así como fomentar la
“financiación y la inversión ampliando los fondos agropecuarios y
desarrollando nuevos y mejores instrumentos financieros”, mientras la
propuesta 166 habla de crear “bancos de tierras”. El contenido de estas
propuestas se aparta del modelo de Fondo de Tierras para la Paz del primer
punto del Acuerdo.
- La propuesta 4 consiste en establecer “la obligatoriedad de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos”. Esto se opone al punto 4.1.3.2. del Acuerdo de paz según el cual: “En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir”.
¿Qué esperar?
La posibilidad de que el Acuerdo de paz se revierta plenamente es irreal. De igual forma, las variaciones que se le puedan hacer no afectarían considerablemente lo que ya se ha puesto en marcha.
Cualquier iniciativa dirigida a modificar el Acuerdo
debe tener en cuenta que la Corte Constitucional mediante la Sentencia
C-630 de 2017 declaró exequible el Acto
Legislativo 02 de 2017. Esto brinda estabilidad y seguridad jurídica al
Acuerdo de Paz y obliga a las instituciones y autoridades del Estado a cumplir
de buena fe con lo acordado en La Habana hasta la finalización de tres períodos
presidenciales.
Lo realmente preocupante es la falta de apoyo y
compromiso gubernamental para que los componentes del sistema de justicia transicional
puedan desarrollar sus funciones y cumplir sus tareas de manera efectiva y sin
retrasos. Cualquier obstrucción o desidia no solo afectaría la imagen del
sistema, sino que perjudicaría directamente los derechos de las víctimas y el
interés nacional de superar el conflicto para alcanzar una paz estable y
duradera. Esto, en últimas, mostraría a un Estado colombiano que incumple su compromiso
de esclarecer graves violaciones de derechos humanos.
Así mismo preocupa la posible falta
de interés en sacar adelante temas claves contenidos en el Acuerdo que van más
allá de los que hasta ahora se han podido reglamentar. Estos tienen que ver con
los puntos sobre víctimas y participación en política, pero, sobre todo, con la
reforma rural integral y la solución al problema de las drogas ilícitas.Publicado originalmente en Razón Pública:
https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/11190-qu%C3%A9-le-espera-al-acuerdo-de-la-habana.html
