Entre el Acuerdo de La Habana, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Ley sobre indultos y amnistías se abre un camino preciso –pero limitado– para que el narcotráfico pueda ser considerado como un delito conexo con la lucha armada.
Narcotráfico y conflicto armado
En cuanto fuente de ingresos constante y de fácil acceso para los actores ilegales, el narcotráfico ha sido una de las causas de la prolongación y recrudecimiento del conflicto armado colombiano.
Si bien el tráfico ilegal de narcóticos y el conflicto armado tienen orígenes distintos, desde finales de los setenta e inicios de los ochenta son fenómenos que van de la mano y su interdependencia parece innegable.
Cabe destacar que este vínculo no ha sido un resultado solamente de los intereses y acciones de los grupos armados al margen de la ley, sino que incluso las estrategias gubernamentales para contener y combatir estas organizaciones criminales han contribuido a ello.
Programas como el Plan Colombia, el Plan Patriota o la Iniciativa Regional Andina, el acuerdo de extradición entre Colombia y Estados Unidos, e incluso la advertencia reciente del presidente Trump sobre una eventual descertificación del país por el incumplimiento de sus obligaciones en la lucha antinarcóticos demuestran la existencia de una política que mezcla inevitablemente el narcotráfico con el conflicto, así como las estrategias y métodos empleados en su resolución.
