Premio del Stiftungsrat de la Uni-Göttingen al GLIPGö

J. Zuluaga, Prof. K. Ambos, Dra. L. Böhm, E. Romero, N. Nuñez y D. Tarapués

"El "Grupo Latinoamericano de Investigación Penal Göttingen" (GLIPGö) recibió el Premio Especial (Sonderpreis) de este año concedido por el Stiftungsrat de la Universidad de Göttingen. El grupo de estudiantes latinoamericanos del Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales organizó una Escuela de Verano para juristas latinoamericanos en idioma español, portugués y alemán. Mediante esta Escuela de Verano, que contó con más de 80 participantes de 14 países en su versión de 2013, el grupo ha contribuido de manera significativa a que la Universidad de Göttingen se de a conocer en América Latina como también en España, Portugal e Italia. Además, el grupo también cuenta con un Boletín Semestral que es una revista electrónica de Open Acces en español y en portugués. Asimismo, este grupo organiza una serie de seminarios en el que los científicos de habla hispana y protuguesa presentan sus trabajos y que promueve el intercambio técnico con investigadores alemanes de la Universidad de Göttingen. Especialmente se centra en el intercambio de nuevos desarrollos, como también en la comparación de ambas culturas jurídicas."*

El premio recibido:
Links:

*Traducido con modifciaciones de redacción del original en alemán publicado en:
"Presseinformation: Stiftungsrat ehrt Universitätsmitglieder für besondere Aktivitäten und Leistungen"

Curso do Direito Penal en Göttingen

O curso sobre Fundamentos do Direito Penal e Processual Penal oferecido pelo CEDPAL e pelo Departamento de Direito Penal Estrangeiro da Universidade de Göttingen tem por fim por disponibilizar aos estudantes, pesquisadores, professores e operados do direito (juízes, promotores, defensores e advogados) na área das ciências criminais um curso compacto sobre fundamentos do Direito Penal alemão, europeu e internacional, sendo realizado em português (excepcionalmente, o idioma das palestras dos Professores Jakobs e Roxin será o espanhol, mas perguntas em português) por professores e docentes de distintas universidades alemãs e portuguesas.
O Curso sobre Fundamentos de Direito Penal e Processual Penal está estruturado em aulas magnas (proferidas por professores de reconhecida trajetória) e em trabalho em módulos oferecidos por catedráticos e docentes. Penalistas que falem português terão a possibilidade de conhecer e discutir os problemas fundamentais do direito penal e processual em seu idioma materno. Mais informação.
• Prazo para a inscrição por e-mail: até 21 de março de 2014 – não serão considerados pedidos fora do prazo.


Docentes:

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Günther Jakobs
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus Roxin
Ludwig-Maximilians-Universität München

Prof. Dr. Dr. h. c. Kai Ambos
Georg-August-Universität Göttingen/Juiz do Tribunal Estadual de Göttingen

Prof. Dr. Pedro Caeiro
Universidade de Coimbra

Dr. Luis Greco
Ludwig-Maximilians-Universität München

Prof. Dr. Sebastian Scheerer
Universität Hamburg

Prof. Dr. Sousa Mendes
Universidade de Lisboa/Diretor do Departamento Jurídico e do Contencioso da Autoridade da Concorrência (AdC)




Diretor: Prof. Dr. Dr. h. c. Kai Ambos 

Coordenadores: Eneas Romero ∙ Diego Tarapués ∙ John Zuluaga

Nuevo Foro Penal - Versión Online







"La Revista NUEVO FORO PENAL nació en octubre de 1978, en la Ciudad de Medellín (Colombia), cuando el Profesor Dr. NODIER AGUDELO BETANCUR con un grupo de jóvenes discípulos –entre los cuales se encontraba el Profesor FERNANDO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ quien, con el correr de los años, llegó a ser Coordinador y Director de la misma- la fundó en el Seno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, la más prestigiosa y tradicional institución universitaria de esa importante ciudad colombiana. La idea era jalonar la aparición de grupos de jóvenes estudiosos del Derecho Penal; por eso, su subtítulo original fue “Grupos de Estudio de Derecho Penal”.

Los nueve primeros números de la publicación fueron editados de forma independiente por el propio Profesor AGUDELO BETANCUR quien, de su propio bolsillo la financió y  –al dar un ejemplo de honestidad intelectual a las nuevas generaciones- abrió un espacio libre e independiente para el debate de las ideas penales. En abril de 1981, a partir del número 10 y hasta el número 59,  que vio la luz a mediados de 1994 –lapso durante el cual hubo diversos cambios en los cuadros directivos-, la Editorial bogotana Temis la prohijó y la difundió en todo Latinoamérica y en Europa.

Desde el número 60 –cuando asume la dirección su actual orientador el Dr. JUAN OBERTO SOTOMAYOR ACOSTA, los Profesores AGUDELO BETANCUR y VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, abandonaron su papel activo en la Revista y empezaron a desempeñarse como Directores honorarios, aunque ambos aparecen como los responsables de la misma en el registro de Derechos de Autor- hasta el número 63 (aparecido a finales del año 2000), dicha publicación periódica contó con el patrocinio de la Universidad de Antioquia. Los últimos números, desde el 64 hasta el 78, han sido editados por la Universidad Eafit de Medellín, en virtud de la autorización dada al tal efecto por el Profesor AGUDELO BETANCUR, su único dueño y mentor.

La publicación en este portal  de los primeros 63 números a instancias del Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional, es producto de la autorización expresa dada al Profesor KAI AMBOS, por parte del Profesor AGUDELO BETANCUR, a quien queremos agradecerle su amable gesto. Agradecemos también a la editorial Temis por la autorización de la reproducción de las revistas. Quien quiera consultar los números restantes puede acudir al siguiente link:

___________________________
La implementación del proyecto está a cargo de Dipl. Jur. Christopher Schöpe (aspecto técnico) y los doctorandos colombianos: Gustavo Cote (Bogotá), Diego Fernando Tarapués Sandino (Cali) y John Zuluaga (Medellín)."

*Tomado de: http://cedpal.uni-goettingen.de/index.php/2013-12-29-19-06-46/documentacion/76-nuevo-foro-penal

Boletín Semestral GLIPGö No. 5 (Enero-Junio 2013)



Nos complace presentarles el quinto número de nuestro Boletín Semestral GLIPGö. Cada vez es una grata tarea el trabajar en este equipo que es el GLIPGö, ampliado aquí a quienes con tanta amabilidad y conocimiento nos acompañan en la evaluación de los textos presentados a publicación.  Estamos orgullosos del crecimiento que el Boletín evidencia semestre a semestre, tanto en su calidad como en relación a las personas que hacen posible esta publicación académica. En este sentido, nos alegra reiterar ahora públicamente nuestra cálida bienvenida al Comité Académico del Boletín Semestral GLIPGö a los profesores brasileros Dr. Miguel Wedy y Dr. Fábio Roberto D'Avila, así como a los profesores chilenos Dr. Héctor Hernández y Dr. Juan Pablo Mañalich. Su incorporación honra nuestro trabajo, y augura un vínculo profesional aún más estrecho a futuro.
En la sección de Doctrina presentamos en este número a los siguientes autores y temas: Maximiliano Rusconi (Argentina) propone una lectura más exigente del principio iura novit curia en miras a optimizar el ejercicio del derecho de defensa; John Zuluaga Taborda (Colombia) realiza un estudio crítico de la ampliación de facultades investigativas en contra de los derechos del imputado en Colombia; María Laura Böhm (Argentina) y Hugo Roberto Jáuregui (Guatemala) analizan desde distintas perspectivas las dificultades de la legislación penal contra la violencia de género y el femicidio, tomando por base el ejemplo guatemalteco; y Eneas Romero de Vasconcelos (Brasil) evalúa la obligatoriedad o no de las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el orden interno brasilero. Agradecemos a Frau Hedda Appuhn por su colaboración en la revisión idiomática de los abstracts en inglés.
Hemos incorporado una nueva sección, Misceláneas, en la que iremos publicando curiosidades del ámbito penal y criminológico alemán. Inauguramos esta sección con la publicación de un breve intercambio epistolar que tuvo lugar en febrero de 2005 entre estudiantes de la Diplomatura en Criminología de la Universidad de Hamburgo y el Professor Dr. Günther Jakobs, sobre su tan estudiado como polemizado Derecho Penal del Enemigo.
En Novedades presentamos una nueva publicación y reiteramos nuestra invitación a futuros autores de nuestro Boletín. Como es ya habitual, finalmente, en Intercambio damos a conocer a quienes nos han visitado en el último semestre.
Les deseamos una provechosa lectura y los saludamos con mucho afecto en nombre de todos los que somos parte del GLIPGö,

Kai Ambos y María Laura Böhm
Göttingen, junio de 2013 
(Tomado del Editorial)

Inquietudes y respuestas sobre el caso Snowden, por Kai Ambos


En entrevista concedida al portal tagesschau.de, el penalista alemán Kai Ambos se refirió a las implicaciones jurídicas del caso de Edward Joseph Snowden, el exagente de la CIA que filtró a medios de comunicación información reservada de la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU, relacionada con el Programa de Vigilancia Electrónica.

EE UU ha pedido la extradición de Snowden, sin importar donde se encuentre, “a pesar de que las barreras legales son muy altas” y de que “el cargo por espionaje es muy problemático”, señala Ambos.

ambitojuridico.com publica la traducción al español de la entrevista concedida por este experto en Derecho Penal Internacional y colaborador de ÁMBITO JURÍDICO.

EEUU le exige a Rusia la extradición de Snowden. ¿Está Rusia de alguna manera obligada a ello?

Kai Ambos: Un Estado está obligado solamente si existe un tratado de extradición. Si este no es el caso, tal como sucede aquí, la extradición depende del derecho interno del Estado requerido, o sea Rusia. En términos concretos, la conducta reprochada a Snowden se tendría que valorar como punible también en Rusia. Esto es el llamado principio de la doble incriminación que rige en practicamente todas las extradiciones (con excepción de la orden de detención europea). Además, la extradición por delitos políticos está prohibida, lo cual en este caso muy probablemente también sería un impedimento para extraditar a Snowden. Finalmente, la extradición debe basarse en la reciprocidad, o sea, Rusia extraditaría solamente si EEUU, en contrapartida, también lo haría en un caso similar.

¿Cómo se comportaría Alemania en tal caso frente a EE UU?

K. A.: Entre la Unión Europea (UE) y EE UU existe un acuerdo de extradición. Eso significa que en principio Alemania está obligada a extraditar a EE UU, pero incluso en este caso puede haber impedimentos. La doble incriminación es también una exigencia en este acuerdo. Alemania, como miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos, tampoco puede extraditar a países que eventualmente atenten contra los derechos humanos. En EE UU existe permanentemente el problema de la pena de muerte. Si bien esto no entra en consideración en el caso de Snowden, porque solo existe la amenaza de una pena privativa de la libertad, ha habido casos en los cuales Alemania no ha extraditado a EE UU, debido a la posibilidad de la pena de muerte o, en otros casos, ha exigido una garantía de que dicha pena no se aplique.

Hong Kong ha señalado que no ha extraditado a Snowden, porque la solicitud de extradición de EE UU estaba incompleta. ¿Es posible que EE UU haya cometido errores formales en un caso tan importante para ellos?

K. A.: Dado que se tuvo que hacer de manera muy rápida, me imagino que la solicitud no cumplió completamente los requisitos exigidos por Hong Kong. Por regla general, el Estado solicitante tiene que presentar detalladamente los cargos y fundamentar la punibilidad según su derecho interno. Las barreras para una extradición son generalmente altas y son examinadas a menudo en procedimientos largos durante meses o años. Además, un país que respeta los derechos de las personas lo piensa dos veces antes de detener a alguien.

El problema de la valoración del caso Snowden es que hay demasiada falta de transparencia. EE UU ha hecho público, hasta ahora, una sola página de su solicitud penal (criminal complaint). Todo lo demás es secreto. De esta manera, no se puede examinar si las acusaciones de EE UU contra Hong Kong o Rusia sean ciertas.

Los posibles países de destino de Snowden son Ecuador, Venezuela y Cuba. ¿Qué probabilidad hay de que estos países extraditen a Snowden?

K. A.: Si bien es cierto que los tres países tienen tratados de extradición con EE UU, estos son muy viejos, todos ellos son de inicios del siglo XX. Por lo tanto, es muy posible que estos tratados ya no sean utilizados por los actuales gobiernos que son críticos de EE UU. Además, el cargo por espionaje es muy problemático. Los tipos penales presentados por EE UU se basan en una ley de 1917 (the Espionage Act) que desempeñó un papel sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de espionaje clásico cuando alguien suministraba secretos de Estado a una potencia extranjera hostil, por ejemplo a los alemanes nazis.

Bajo el mandato de Obama, esta ley lamentablemente ha obtenido nuevamente importancia. Resulta algo paradójico que el gobierno de EE UU esté persiguiendo a alguien por espionaje, quien ha revelado el espionaje del Estado americano, a través de la National Security Agency, a sus ciudadanos. Es muy cuestionable si la conducta de Snowden en realidad puede ser considerada como espionaje, ya que él no ha suministrado información a ninguna potencia extranjera ni tampoco ha percibido algún tipo de beneficio financiero por ello. Él ha informado a la opinión pública por medio de una entrevista con The Guardian sobre una irregularidad de la política pública de EE UU. Para mí, él es más bien un clásico delator (whistleblower) más que un traidor. Además, no sabemos que informaciones concretamente ha delatado, pues, como ya dijimos, no hay transparencia

De acuerdo a los rumores, Snowden debe haber subido a la pista en un vehículo de la embajada ecuatoriana. Por eso Rusia, de todos modos, no ha podido agarrarlo. ¿Dicha justificación resulta inteligible?

K. A.: Para vehículos de diplomáticos, similar que para los edificios de la embajada, aplica la inviolabilidad de la misión, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Es decir, aquellos pueden ser parados e incluso, en caso de ser necesario, hasta remolcados, mas no pueden ser registrados. Un malentendido muy frecuente es que ellos son extraterritoriales. Sin embargo, eso no es cierto. Desde luego que las embajadas hacen parte también del país en el que se encuentran; pero sería una violación al derecho internacional si una embajada llega a ser tomada por asalto por el Estado anfitrión. Por otra parte, este Estado también debe tener la posibilidad de protegerse del abuso del derecho diplomático; por ejemplo, tiene que poder intervenir, si dentro de una embajada o desde esta se cometen delitos graves hacia afuera de la misma.

¿Eso significa que Julian Assange, quien actualmente se encuentra en la embajada de Ecuador en Londres, podría viajar en el baúl de las maletas hasta el aeropuerto y luego salir del país?

K. A.: Eso no lo creo. Si bien es cierto que la apertura del baúl de las maletas podría ir en contra del derecho diplomático, porque puede ser calificado como un registro, en cualquier momento Assange tendría que abandonar el vehículo, para llegar hasta un avión, y tan pronto pise suelo inglés podría ser arrestado.

Qué pasa en general con el asilo diplomático: ¿Assange podría permanecer indefinidamente en la embajada ecuatoriana?

K. A.: Visto en términos estrictamente jurídicos no hay ningún asilo diplomático. Un asilo significa que un tercer Estado concede un refugio a una persona que es perseguida en su país. Ahora bien, la noción de asilo diplomático se ha generalizado para una cierta práctica: siempre y cuando una persona busque en una embajada refugio ante una persecución. ¿Cómo se debe conciliar luego el estatus de protección de la embajada con los –eventualmente legítimos– intereses de persecución penal de un país?

Tal como lo demuestra el caso de Assange, esto a menudo no es fácil de resolver. Ecuador se remite a la inviolabilidad de la misión y los británicos lo aceptan a pesar de que tendrían que extraditar a Assange a Suecia, pues existe una orden de detención europea por un posible delito de violación de Assange. Fundamentalmente es por eso que ellos no irrumpen en la embajada, ya que con ello establecerían un grave precedente y quizás también sus embajadas en otros Estados podrían correr con la misma suerte.

Otro medio radical, pero ajustado al derecho internacional, sería la ruptura total de las relaciones diplomáticas. En este caso, se declararía a todos los miembros de la misión como persona non grata  y con ello, de hecho, las expulsaría; pero a la inversa Ecuador haría exactamente lo mismo y frente a esta escalada diplomática seguramente el Reino Unido no tiene ningún interés.

En términos estrictamente jurídicos habría, por último, la posibilidad de remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia y dejar que ella decida. Sin embargo, esto presupone que ambos Estados lo hagan de común acuerdo y esto probablemente no lo quieren los ecuatorianos. Los británicos esperarán sencillamente según el lema: “Algún día Assange tiene que salir”.

La versión original en alemán fue publicada en:


Traducción del alemán de Diego Tarapués y revisión del autor.


Tomado de Ámbito Jurídico:

Colombia y Brasil: ¿socios estratégicos en la construcción de Suramérica?



Eduardo Pastrana Buelvas - Stefan Jost - Daniel Flemes (Editores)

Pontificia Universidad Javeriana
Fundación Konrad Adenauer
German Institute of Global and Area Studies (GIGA)
Universidad San Buenaventura
Primera edición: Bogotá, D. C., Diciembre de 2012
ISBN: : 978-958-716-594-4







Contenido
Presentación
Prólogo

I. Marcos teóricos

Actores estatales y regionalismo estratégico: 
Brasil y Colombia en el orden multipolar

Daniel Flemes...25

Las ideas en la relación Colombia-Brasil. Institucionalismo y constructivismo
Eduardo Velosa Porras...51

II. Aspectos históricos y presidencialismo en la relación binacional

Una interpretación histórica de las relaciones bilaterales entre Brasil y Colombia en el periodo 1990-2011
Oscar Granados Erazo...75

Política exterior colombo-brasileña desde el presidencialismo: ¿una apuesta fuerte?
Edwin Murillo Amaris S.J...105

III. La acción exterior de Colombia y Brasil desde la perspectiva del lugar que ocupan

Rasgos de la política exterior brasileña en su proceso de ascenso como potencia regional y jugador global
Eduardo Pastrana Buelvas y Diego Vera Piñeros...135

Estrategias de la política exterior de Colombia en su calidad de potencia secundaria de Suramérica
Eduardo Pastrana Buelvas y Diego Vera Piñeros...187

IV. Relacionamiento de Colombia y Brasil en el escenario regional y global

La unasur en la estrategia regional de Colombia y Brasil
Mario Arroyave Quintero...239

Brasil y Colombia: vecinos otrora distantes descubren el potencial de su relación
Alessandro Candeas...283

El relacionamiento de Colombia y Brasil con Estados Unidos: entre el ocaso de la Doctrina Monroe y la construcción de Suramérica
Ricardo Betancourt Vélez...309

La Unión Europea en la perspectiva de la política exterior de Colombia y Brasil: escenarios bilaterales e interregionales
Jennifer Duarte García ...339

La gobernabilidad global y las perspectivas de los Estados brasileño y colombiano
Benjamin Herrera Chaves...367

Colombia y Brasil: un análisis desde la perspectiva económica
Angélica Guerra Barón...387

Colombia y Brasil en la lucha contra el crimen transnacional: una revisión a sus posturas, acciones y estrategias de seguridad
Diego Fernando Tarapués Sandino...423

La problemática del narcotráfico en el marco de las relaciones bilaterales entre Colombia y Brasil
Claudia Dangond Gibsone...453

Colombia y Brasil y su proyección como potencias ambientales
Yilly Vanessa Pacheco Restrepo...473

Cultura, ciencia, y tecnología: nuevos temas en las relaciones bilaterales
Diana Marcela Bustamante Arango...499

La tradición, lo popular y lo artístico en Brasil y sus similitudes con Colombia
Luis Majín Rodríguez Pastrana...523

Editores

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Para mayor información, véase:
Link de la noticia en la web de la KAS: (Español) (Deutsch)
Link con el video de la presentación.
Link con el artículo Colombia y Brasil en la lucha contra el crimen transnacional: una revisión a sus posturas, acciones y estrategias de seguridad.

ICC OTP Report on the Situation in Colombia – A critical analysis



Preliminary Remarks
On 14 November 2012 the Office of the Prosecutor (OTP) of the International Criminal Court (ICC) published the “Interim Report” on the “Situation in Colombia”. The Report is exceptional for the fact that the OPP usually does not submit such kind of country report at this (preliminary) stage of the proceedings; instead, the Office’s activities are reported in its Annual Report on Preliminary Examination Activities. The reason why this is different in this case is “the high level of public interest” in the Colombian situation. In fact, the very existence of the Report demonstrates the seriousness with which the Office continues to monitor the situation in Colombia.
Despite all its shortcomings, the Report still deserves praise in that it constitutes a unique effort to subsume the complex Colombian situation under the legal regime of the Rome Statute. In fact, the OTP offers the first “official” and impartial account of the Colombian violence in ICL terms and this constitutes an advance in itself, not least with regard to the domestic discussion in Colombia. More concretely speaking, however, the Report offers a mixed picture. While some issues are treated adequately, contributing significantly to an accurate assessment of the Colombian situation, especially with regard to the topic of the “false positives”, the treatment of other aspects leaves more questions than answers. In this sense, the Report makes it difficult to determine with some precision the further course of the OTP’s evaluation of the Colombian situation. Indeed, the Report does not provide for clear standards that could serve as a framework for current and possibly future peace negotiations. Perhaps the question of an “alternative punishment” is the most important one effectively left open by the Report. Clearly, the report reflects the complexities of the Colombian situation which make it so difficult to come to a balanced and satisfactory judgment with a view to possible intervention by the ICC. It may well be argued that this situation demonstrates more than any other the importance of cooperation and mutual learning between local and international criminal justice.
The Report contains, apart from a brief introduction and conclusions, two main sections.  The first section (para. 30-153) concerns the ICC’s ratione materiae jurisdiction, dealing with crimes against humanity and war crimes perpetrated since the Rome Statute’s (RS) entry into force for Colombia (1 November 2002 and 1 November 2009 respectively). The OTP makes a distinction between alleged crimes perpetrated by state actors and by non-state actors, and offers, for the first time, a qualification of the relevant conduct in terms of international criminal law (ICL). In the second section, the report makes an “admissibility assessment” of the relevant conduct (para. 154-196). Summarizing the prosecution and sentencing of the different actors of the conflict, it highlights with regard to the guerilla groups (FARC and ELN) the appropriate execution of sentences, and that “those who appear to bear the greatest responsibility … have already been the subject of genuine national proceedings” (para. 161). As to the members of the paramilitary groups, the Report considers that “these cases would not be admissible before the Court” given that “43 out of 46 senior paramilitary leaders still alive today have been investigated, prosecuted or convicted in respect of conducts which constitute crimes within the subject-matter jurisdiction of the ICC” (para. 173). In this context, the OTP also refers to politicians that have had links to illegal armed groups, the so-called “parapolítica” scandal. The report mentions the judicial results so far and stresses that the Supreme Court has even held defendants responsible for “crimes against humanity” (para. 179). Last but not least, with respect to army officials, the OTP concludes that while many “have been investigated and disciplinary measures, criminal convictions and prison sentences issued, the proceedings have not focused on the responsibility of those at senior levels for the occurrence of such crimes” (para. 196).
It should be noted that the Report does not contain any decision regarding the opening of a formal investigation or lack thereof. This means that it does not, contrary to the impression created by public opinion in Colombia, entail any “final warning” – tacit or implied – which may be considered as an “ultimatum” for the state of Colombia. The document merely confirms that the Colombian situation is still under preliminary investigation, as it has been for the past eight years. It also acknowledges the efforts of the Colombian criminal justice system in the investigation and possible prosecution of crimes within the jurisdiction of the Court. The aspects to be monitored by the OTP in the future are the following: (i) the follow-up on the constitutional framework for peace (“Marco Jurídico para la Paz”) and other relevant legislative developments, especially with regard to the emergence of “new illegal armed groups”; (ii) proceedings relating to the promotion and expansion of paramilitary groups; (iii) to forced displacement; (iv) and to sexual violence; and (v) “false positive” cases (referring to killings of civilians by Colombian army officials presenting them as insurgents) (para. 224).
Issues of methodology of analysis
The Report treats the analyzed information in a purely quantitative way and thus leaves out some qualitative aspects of a legal and judicial nature that are indispensable to adequately evaluate the results of the Colombian criminal justice system with regard to the prosecution of international crimes. Pure outcome-oriented statistics about the criminal justice process do not reveal anything about how these results were reached, in particular whether the minimum standards of due process were respected. Concerns in this regard arise especially with respect to several sentences in absentia (para. 160), and also with respect to the use of the offence of(aggravated) conspiracy to commit crimes (“concierto para delinquir aggravado”). I will come back to this point later. In any event, the qualitative side of the criminal justice system should not be ignored by an organ of a Court that is committed to due process (see, inter alia, Article 67 RS). The sheer number of convictions cannot be the only parameter to establish the success of a judicial system in the light of Article 17 RS, given that this same article refers to due process in its para. 2. In addition, according to Article 21 (3) of the RS, the Court should take into consideration “the international human rights internationally recognized”, among them most prominently due process rights.
Clearly, the OTP’s effort to tackle the complex situation in Colombia deserves to be acknowledged. Even for Colombians themselves, it is difficult to fully understand the factual and normative dimensions of the armed conflict. However, the extensive recourse to higher court sentences, press information and official documents starkly contrasts with the scarce theoretical basis of the analysis. It is, for example, surprising that the OTP does not take into consideration the conditions of violence under which the Colombian judicial system operates, which undoubtedly conditions its performance. In any event, one may have some doubts as to the impartiality of the OTP’s evaluation if its main source of information is precisely the state it pretends to evaluate.
Substantial problems
Of particular importance is the Report’s legal qualification of the so called “false positives”. The OTP considers, in the context of its analysis of crimes against humanity, that there is a “reasonable basis” to believe that the relevant acts were committed in a widespread and systematic manner as an expression of state policy, it being sufficient that such a policy exists at a regional or local level (para. 95 et seq). This is indeed a fundamental conclusion, not very common at this procedural stage, and it should be taken seriously in the Colombian domestic discussion where the matter has not yet been resolved. Additionally, the OTP deals with internal displacement (para. 60 ss) and sexual violence in the framework of the internal armed conflict (para. 78 ss), stressing the need to prioritize the prosecution of the relevant conduct. This is in line with international efforts, not least at the ICC, to prosecute these crimes more efficiently, overcoming technical procedural difficulties.
Notwithstanding, the Report leaves some questions unanswered and even creates confusion in relation to substantive issues. First, it is surprising how the OTP deals with the already mentioned conspiracy offence in the context of the “parapolitics” scandal. While the Report distinguishes between the officials that were convicted for sponsoring the promotion of armed groups and those that were involved in the commission of more concrete crimes such as homicide or enforced displacement (para. 178), it uncritically takes the total number of convictions for that offence as a positive result without analyzing more closely the potential overcriminalizing effect brought about by this offence, widely criticized among Colombian criminal lawyers and academics. The Report does not clarify, with regard to the complementarity principle and Colombia’s ensuing obligation to investigate the ICC crimes, if it takes into account only those cases in which politicians had direct responsibility in other serious crimes, or also those where only a general support of a paramilitary group or even less, for example an electoral arrangement between a candidate and a paramilitary group, formed the basis of a conviction (the latter not being covered by the ICC’s jurisdiction). In other words, the analysis leaves out key aspects that are relevant to more accurately assess the convictions for conspiracy. In fact, the OTP seems to value any criminal conviction equally, regardless of the specific criminal wrong and personal culpability involved.
Secondly, the OTP does not make the criteria taken into consideration to evaluate the situation in Colombia explicit in the cases of “false positives”, sexual violence and enforced displacement. While the Office, given its limited capacity, must obviously prioritize its investigations and select situations and cases, this process cannot be arbitrary but must be based on rational and accountable criteria that may help to orient the parallel domestic prosecutions. The Report leaves much to be desired in this area. It is not clear, for instance, if ICC prosecution of crimes such as torture, enforced disappearances or general war crimes perpetrated after 2009 – crimes that are possibly not the OTP’s top priority – is definitively precluded. While the Report refers several times to the violence perpetrated against trade union leaders, indigenous and Afro-Colombian communities (eg, with relation to non-State actors, para. 54), it is not clear how this plays out in the OTP’s prosecutorial strategy with regard to Colombia. Admittedly, the lack of clear prioritization and selection criteria forming the basis of the OTP’s prosecutorial strategy is a general problem, not limited to Colombia, but this only demonstrates that it is high time for the OTP to develop such a strategy (see Ambos/Stegmiller, Crime, Law and Social Change 59, 2013).
Finally, the OTP’s observations with regard to the prioritization of cases at the domestic level seem contradictory, especially as concerns the already mentioned constitutional “Framework for Peace” and the Directive 0001 of 2012 of the Office of the Colombian Attorney General (paras 200 et seq.). On the one hand, the OTP welcomes the Colombian efforts to prioritize the investigation of those who bear the greatest responsibility; on the other hand, it stresses the need to prevent impunity. Thus, it seems as if the OTP tries to square the circle, ignoring the fact that any process of prioritization and selection necessarily and on purpose entails impunity. In fact, even the three-tiered international criminal justice system – composed of the territorial state, the ICC and third states – leaves considerable gaps of impunity. The OTP knows well from its daily practice that the prosecution and sanction of all international crimes is an unrealistic goal, more so in situations of ongoing and prolonged violence such as Colombia. This is precisely the reason to call for prioritization and, as a corollary, accept a dose of (self-inflicted) impunity.
Confusion on issues of criminal procedure
The Report also neglects several aspects that characterize the Colombian system of criminal procedure. The analysis does not adequately mark the difference between the two forms of criminal procedure, ie, the ordinary system and the special system based on the Justice and Peace Law (Law 975 of 2005). Instead, the Report promotes generalizations that make difficult an accurate analysis of the results of the Colombian criminal justice system with regard to the ICC crimes. For example, the way in which the Report refers to the ordinary criminal justice system (which includes the investigations conducted by the Human Rights Unit of the Attorney General’s Office) is confusing (para. 11, 159 and especially footnote 237) since it is stated that this system is governed by the Criminal Code, mixing up substantive criminal law with procedure and apparently overlooking that the Criminal Code also applies to the Justice and Peace procedure. At that point the Report misconceives the complexity of the Colombian criminal procedural system that is constitutionally defined as an “accusatorial system” but implemented by various general and special procedural statutes.
In addition, the Report refers to some norms, in particular Law 782 of 2002 and Regulatory Decree 128 of 2003, as if they were part of the Justice and Peace Law 975 (para. 164). While these norms regulate the demobilization of members of irregular armed groups, and Law 975 refers to them for this reason, their ratione materiae and personae scope of application is different, and, in fact, they do not provide for any form of procedure. This lack of more detailed knowledge of the Colombian criminal justice system may explain the shortcomings in the OTP’s analysis of the demobilization, disarmament and reintegration of members of irregular groups, the nature and quality of the investigations and prosecutions, and the tensions between the ordinary and Justice and Peace systems. In this context, it is also surprising that the Report does not even mention the opportunity principle, so extensively discussed with regard to those demobilized (“ordinary soldiers”) who are not covered by Law 975 – many of who may have committed serious international crimes.
Similarly, the Report’s assessment of the effectiveness of the investigation and prosecution of paramilitary leaders extradited to the U.S. (para. 170-173) appears to be insufficient. The OTP derives the inadmissibility of these cases from the high number of proceedings against paramilitary leaders (43 against 46 leaders), neglecting, however, the very fact that several of these leaders have been extradited to the U.S. and that this has substantially affected the momentum of their respective proceedings. It is worth remembering in this context that the Inter American Commission of Human Rights has warned that “extradition impedes the investigation and adjudication” of the crimes committed by these persons. Clearly, the extradition of paramilitary commanders has caused legal and logistical difficulties regarding the continuation of their respective hearings and their role as witnesses in other proceedings. Thus, the OTP should have analyzed more precisely whether extradition operates as a de facto exclusion of the Justice and Peace process and, therefore, constitutes a procedural obstacle amounting to unwillingness or inability within the meaning of Article 17 RS, falling short, of course, of total inactivity.
In addition, it is quite surprising how the OTP understands and describes the special procedure of Law 975 (para. 164). Despite the fact that this procedure has been critically and widely discussed in the scholarly literature (inter alia by this author), the approach of the Report is remarkably uncritical and imprecise. The Report ignores the fact that a crucial feature of this procedure is that the determination of criminal responsibility is predicated on collaboration by the perpetrators (in fact, his confession), rather than the investigatory capacity of the Colombian criminal justice system. As a consequence, it says little, if anything, about the effectiveness of the system. Among the many problems that have arisen in the implementation of the Justice and Peace Law it suffices to mention but a few: the difficulty in assessing the true probative value of so-called free versions (confessions), especially considering the limited efforts made to corroborate any such statements with witness/victim accounts, and the little information they provide regarding the structures of violence; the fact that the charges are solely based on their acceptance by the respective perpetrator; and the limited operational and logistical capacity of the Colombian Attorney General’s Office to verify the information received.
In general terms, the report leaves open the issue of whether the Justice and Peace procedure satisfies the admissibility criteria of Article 17 RS. This question is however of crucial importance for subsequent peace negotiations, in particular the current one between the government and the FARC. The Report does not explicitly take a stand, for example, on the “alternative punishment” model introduced by the Justice and Peace Law. Is such a model, drastically reducing the actual sentence meted out to an alternative sentence of maximum 8 years, compatible with a state’s obligation under Article 17 RS? If so, would a further measure, for example a process of judicialization without any effective sanction, also be acceptable?
Last but not least, the OTP’s intended monitoring of the – already mentioned – legal framework for peace begs the question of how such monitoring shall take place and how the OTP views such an approach generally. Would it fit well into the OTP’s understanding of positive complementarity? Or would that require more concrete steps than just an abstract normative (constitutional) framework? One also wonders what the OTP expects from such a legal initiative. Does it inform us about the effectiveness of a criminal justice system which, on the face of it, is the only relevant question within the framework of Article 17? Why else does the OTP pretend to give such an initiative a special weight even subjecting it to its monitoring?


A longer version of this paper has been published first in http://www.semana.com/opinion/articulo/examen-preliminar-cpi-caso-colombiano/326053-3 in collaboration with Diego Tarapués, Gustavo Cote and John Zuluaga (all Colombian doctoral students of the author).

Boletín GLIPGö No. 4 - Nuevo Formato


Nos alegra presentarles este cuarto número del Boletín Semestral GLIPGö en su  nuevo formato. Desde este número hemos implementado el sistema de arbitraje (peer review) y el Boletín cuenta con un Comité Académico integrado por reconocidos penalistas y criminólogos de América Latina y Alemania, todos ellos vinculados con el trabajo realizado por el GLIPGö. Por otro lado, hemos ampliado el ámbito de textos, ofreciendo tanto artículos de Doctrina (arbitrados) como Avances de Investigación. La introducción del sistema de arbitraje implica, a su vez, la apertura del llamado a la presentación de trabajos para su evaluación. Entendemos que esta reestructuración redundará en una mayor discusión y calidad científicas.

El presente número es reflejo de la transición hacia la nueva dinámica editorial, con sus lógicos tiempos y contratiempos. Nos hemos visto ante la disyuntiva de o bien suspender el número por falta de material arbitrado suficiente (algunos trabajos fueron rechazados, otros se encuentran aún en proceso de evaluación) o bien presentar también artículos no arbitrados; en el primer caso se hubiera resentido la periodicidad del Boletín, en el segundo caso el sistema de evaluación hubiera estado viciado por falta de uniformidad. Hemos optado entonces por una tercera vía publicando el Boletín con el único artículo positivamente arbitrado.

En el área de Doctrina encontrarán el trabajo de Alicia Beatriz Azzolini Bincaz (México) describiendo y rechazando la tendencia securitizante de la política criminal mexicana.  En el área Avances de investigación María Laura Böhm (Argentina/Alemania) presenta su proyecto actual sobre empresas transnacionales y la violación de Derechos Humanos en América Latina.

En la sección Novedades damos a conocer el Libro de la Primera Escuela de Verano (2011), presentamos el Treatise on International Criminal Law, Vol. I (Kai Ambos, 2013) y anunciamos la Segunda Escuela (2013). En el área Intercambio agradecemos a quienes como expositores del Ciclo de Seminarios o como visitantes han compartido su trabajo con nosotros aquí en Göttingen. Damos a conocer, por último, las pautas de publicación para autores interesados en difundir sus trabajos mediante nuestro Boletín.

Esperamos satisfacer sus expectativas y les deseamos una provechosa lectura.
Los saludamos afectuosamente en nombre del GLIPGö y nuestro propio

Kai Ambos y María Laura Böhm
Göttingen, diciembre de 2012
(Tomado del Editorial)